Imagina que un día estás en la comodidad de tu hogar con tu mascota y tienes un gran descubrimiento: el pelo que suelta Firuláis sirve para eliminar, no sé, las cicatrices de tu piel. Tú sabes que es algo muy bueno así que empiezas tu nuevo tratamiento para lucir un cutis perfecto y además, le pasas la receta a tu mamá, tu hermano, tu tía y amigxs cercanos. Luego decides hacer tu propia crema “Firuláis” y ganarte unos pesitos con eso.
Todo es risas y diversión hasta que te enteras que la empresa PELOSCORP® tiene una crema i-gua-li-ta a la tuya y empieza a ganar muchísisisisisisimo dinero con la fórmula. Obviamente te propones reclamar pero no puedes porque no existe un registro que diga que tú, estando en tu casa, descubriste que los pelos de Firuláis eran mágicos. No existe un marco legal que te ayude y pierdes las posibles ganancias y modo de vida, porque claro que PELOSCORP® vende la crema a un precio mucho más bajo.
¿Te parece desafortunado? ¿Injusto? ¿Desesperanzador? Pues exactamente esto es lo que pasa con la Iniciativa General de Biodiversidad. Pueblos indígenas, comunidades de todo el país corren el peligro de quedarse sin sus secretos, sin un pago por ese conocimiento que han cosechado a lo largo de su vida de convivio con la naturaleza.
La Iniciativa General de Biodiversidad nos vende la idea de que busca proteger los recursos genéticos de nuestras especies endémicas pero en realidad los están dejando en charola de plata para que las grandes compañías tomen la posibilidad de hacer patentes y lucrar con ellos.
No nos estamos inventando esta situación. Ecuador incluyó en su legislación el Protocolo Nagoya, que escritura el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. En su momento fue considerado un acierto, después empezaron a surgir cuestiones de biopiratería, es decir, casos donde los recursos genéticos del Ecuador fueron tomados “legalmente” por países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Australia, Corea del Sur, Israel, Bélgica, Francia, Reino Unido e Irán para producir patentes para diversos productos a partir de especies endémicas.
¿Por qué existe la biopiratería en Ecuador si existe una ley que regula estos recursos?
Porque este tratado no se encuentra tropicalizado, es decir, no plantea la situación específica de cada especie endémica ni de cada comunidad o pueblo indígena que lo descubrió. Y lo mismo nos podría ocurrir a nosotros en México.
La Iniciativa General de Biodiversidad en México propone lo mismo, simplemente agregar el Protocolo Nagoya a nuestra legislación, dejando miles de huecos legales que podrían tener grandes consecuencias para nuestra biodiversidad.
Además, es necesario resaltar que cada comunidad es dueña de estos conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. Es necesario luchar por una regulación que permita a los pueblos decidir sobre lo que se hará con estos recursos: venderlos, no venderlos y a qué precio. Así que, como puedes observar, una ley que incluya tooodo esto no puede votarse de un día para otro sin una consulta que incluya a los involucrados. Por eso nos seguiremos negando a aceptar la Iniciativa General de Biodiversidad mientras no decidamos como país el futuro de nuestros recursos genéticos a partir de un debate nacional donde participen todos los involucrados.
Las prisas no pueden ser parte de una decisión tan importante sólo porque se acaban los tiempos legislativos. Que se quiera apresurar nos hace pensar que esto tiene más fines electorales que una real preocupación por legislar sobre estos temas. Hoy que hemos llegado al final del periodo ordinario de sesiones, esperamos que el hecho de que esta ley no haya sido votada aún, sea la oportunidad para que haya un real debate nacional sobre el tema y una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. No nos oponemos a que exista una ley sobre la materia, si no más bien que esta no se haga con la debida propiedad que merece un tema tan delicado como este.
