Hoy se conoció el resultado del trabajo realizado por los miembros del Tribunal Monsanto Internacional, una verdadera iniciativa ciudadana que unió a millones de personas y organizaciones como Greenpeace, que buscan detener los crímenes ambientales cometidos por las corporaciones de la agroindustria que violan derechos humanos básicos como el derecho a la salud y el acceso a una alimentación y ambiente sano. Entérate de todo leyendo esta nota.
“Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica”, afirmó el Tribunal quien además señala: “Los testimonios citados revelan que, en todos los casos, se ha producido una vulneración del derecho a la alimentación”.
Es necesario destacar que el Tribunal Internacional contra Monsanto es una iniciativa ciudadana cuyo objetivo fue reunir evidencia suficiente para que el delito de ecocidio sea incluido en el derecho penal internacional como crimen de lesa humanidad como ya sucede con el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros. La incorporación de esta figura legal permitirá que empresas como ésta, puedan ser juzgadas por los daños causados al medio ambiente y se responsabilicen por violaciones a derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Al respecto, luego de un arduo trabajo el Tribunal es concluyente “Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional –que no existe por el momento–, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas”.
Sobre el Tribunal
Para realizar su tarea el Tribunal se reunió en la Haya los días 16 a 18 de octubre de 2016. Estuvo constituido por cinco jueces de la Argentina, Bélgica, el Canadá, México y el Senegal, todos ellos profesionales de la justicia o jueces en ejercicio, convocados para que emitieran una opinión consultiva sobre la base de un análisis y un razonamiento jurídicos. Durante el proceso el Tribunal escuchó a 28 testigos procedentes de varios países que relataron sus experiencias en relación con las actividades de Monsanto. Muchos de ellos facilitaron al Tribunal, antes de las audiencias o durante ellas, documentación en forma de libros, documentos, memorandos, informes, fotografías, CD-ROM o pen drives (USB), entre otros formatos.
Como resultado de esas audiencias el Tribunal emitió su opinión en respuesta a seis preguntas (ejes) que constituyen el Marco de Referencia elaborado por el Comité de Organización del Tribunal. A tal fin, se pidió al Tribunal que examinara los efectos que tienen las actividades de la empresa Monsanto en los derechos humanos de los ciudadanos y en el medio ambiente, y que formulara conclusiones sobre la conformidad de la conducta de Monsanto con los principios y las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario.
Sobre Monsanto
Monsanto ha producido y comercializado desde principios del siglo pasado, productos altamente tóxicos, tales como el 2-,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy.
Gran parte del trabajo de Monsanto ha estado enfocado en el sector agrícola, y desarrolló organismos genéticamente modificados y agrotóxicos como los herbicidas Lasso -ahora prohibidos en Europa- y el tan sonado Roundup Ready, hecho a base de glifosato, sustancia catalogada en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno para el ser humano.
Los testimonios escuchados por el Tribunal denotan una conducta por parte de Monsanto que presuntamente se caracterizaría por las siguientes acciones:
- Desacreditar la investigación científica independiente cuando plantea serios interrogantes sobre las consecuencias ambientales y de salud pública que tienen sus productos, incluso tratando de socavar el empleo o el puesto titular de los autores de tales informes;
- Pagar sobornos para que se elaboren informes de investigación falsos, como los presentados por terceros que actúan a su favor y que no revelan su relación con Monsanto;
- Presionar e incluso sobornar a gobiernos y funcionarios públicos para que aprueben los productos de Monsanto pese a los informes creíbles y de base científica que recomiendan denegar tales aprobaciones;
- Distribuir productos nocivos carentes de la aprobación debida;
- Intimidar, incluso amenazando con presentar una demanda, a las partes que simplemente tratan de informar a los consumidores de la presencia de productos Monsanto en los artículos y alimentos.
Por último, Watcharapol Daengsubha, campaigner de agricultura en la oficina del Sudeste Asiático de Greenpeace, sostuvo: “Las corporaciones como Monsanto deberían ser más responsables en relación a los impactos que tienen sus actividades sobre el medioambiente y las personas. Además los gobiernos deberían defender los bienes públicos por encima de las demandas de las corporaciones. Las autoridades tendrían que brindarle subsidios a los granjeros que están produciendo -o quieren producir- comida de manera más ecológica y saludable. Instamos a los gobiernos a abandonar la agricultura industrial y tóxica y a promover modelos agrícolas sustentables”.
